Hispano Almería realizó obras en Roquetas por 50 millones durante 10 años

Apenas un escueto comunicado de tres párrafos con más contenido de amenazas, -ya que anuncia acciones judiciales tras la publicación-, que de explicaciones ha sido la única reacción del Partido Popular de Almería a la apertura de investigaciones del Tribunal Superior ante un posible caso de financiación ilegal de este partido. No obstante, el culebrón prosigue ya que hoy mismo El País, el periódico que ha destapado la denuncia, desvela que en diez años Hispano Almería ha recibido del municipio de Roquetas de Mar cerca de 50 millones de euros por las obras realizadas en este tiempo. La segunda adjudicataria de este municipio, Dragados, menos de ocho millones.

La empresa se presenta así como la gran beneficiaria de la administración local roquetera que a cambio ‘devolvería el favor’ a los políticos entregándoles el 10% del presupuesto de las obras o al menos eso es lo que trata de dilucidar la investigación abierta. El diario nacional apunta a que no sólo los políticos recibían dinero sino que también técnicos municipales y de la Diputación de Almería están implicados. Así, las comisiones ilegales habrían llegado igualmente a arquitectos y aparejadores que fueron responsables de las adjudicaciones de las obras.

El diario apunta que desde 2011 en que Gabriel Amat es además de alcalde de Roquetas de Mar, presidente de la Diputación de Almería, la institución provincial ha concedido a esta empresa obras valoradas en 2,2 millones de euros.

Hispano Almería, por su parte, en declaraciones a La Voz de Almería, asegura que le han robado documentos de la empresa, sospecha que por parte de dos ex empleados que fueron despedidos, y que ya en julio de 2012 lo denunció ante la Policía. Además dice que estos papeles han sido ‘manipulados’.

El Fiscal Superior, Jesús García Calderón, en una entrevista en Canal Sur Televisión ha explicado, que la denuncia se recibió la pasada semana y el jueves se incoaron diligencias de investigación penal y se asignó a un fiscal para que la tramitara. La documentación que se aportó se entregó a la Policía Judicial, que la está analizando “y estamos a la espera para tomar la decisión que corresponda porque hay que determinar competencias “.

Preguntado por qué la denuncia ha ido a Granada y no a Almería, García Calderón ha señalado que puede ser porque haya alguna persona aforada “pero no tengo dato aún”, ha advertido.

Fuente: www.teleprensa.es

Puedes dejar una respuesta, or trackback desde tu propio sitio.

Deja tu comentario